Las empresas transnacionales, aquellas que operan en distintos Estados, son importantes actores en las relaciones internacionales. Su actividad resulta fundamental para ejecutar grandes proyectos de inversión (infraestructuras, telecomunicaciones, energía, etc.) y contribuir a la promoción del desarrollo económico y social de los Estados. Pero al desarrollar estos proyectos, en ocasiones, las empresas transnacionales pueden causar perjuicios y daños a la sociedad civil, en general, o a determinados colectivos de individuos, en particular. Por ejemplo, en las últimas décadas determinadas comunidades indígenas de países de América Latina han denunciado los daños que a su hábitat y a su forma de vida les han causado grandes empresas multinacionales dedicadas a la extracción del petróleo o a la producción de electricidad. Así las cosas, ¿pueden las empresas transnacionales ser titulares de obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y del medio ambiente? El proyecto pretende dar respuesta a este interrogante.

En la práctica internacional más reciente, han comenzado a desarrollarse en el plano internacional algunos mecanismos que permitirían a los individuos exigir la tutela de aquellas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente frente a los Estados y las empresas transnacionales. Además de la posibilidad de entablar litigios internacionales contra los Estados, se están creando foros jurisdiccionales que (mediante el recurso al arbitraje) permitirán a los colectivos de la sociedad civil afectados por la actividad de las empresas transnacionales entablar reclamaciones directamente contra ellas.

En el plano interno, algunas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente comienzan a imponerse directamente sobre las empresas. Valga como precedente la sentencia dictada por un tribunal neerlandés el 26 de junio de 2021, obligando a una empresa energética a reducir en un 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, en línea con los compromisos asumidos por los Estados en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Este proyecto pretende, en definitiva, identificar las medidas que desde el Derecho internacional público y el Derecho de la Unión Europea se están adoptando para someter la actividad de las empresas transnacionales a las obligaciones y estándares internacionales que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos y el medio ambiente.

Con el propósito de potenciar el impacto social de la transferencia de los resultados obtenidos por el proyecto, se están desarrollando dos fórmulas complementarias:

• En primer lugar, la creación, mantenimiento y actualización de un sitio web del proyecto, que permita sistematizar información y documentación relevante (publicación de tratados, de las normas de la Unión Europea, de los planes nacionales sobre empresas y derechos humanos y demás normas de ámbito nacional…), así como presentar en abierto las publicaciones que contengan los resultados del proyecto. Cualquier interesado podrá descargar documentación publicada en la web del proyecto y, al mismo tiempo, los miembros del grupo de investigación podrán interactuar con la sociedad civil a través de las nuevas tecnologías de la información (Twitter, píldoras audiovisuales, etc.).
• Y en segundo lugar, la realización de actividades de difusión, en las que participan académicos, abogados, funcionarios internacionales, europeos y nacionales de distintos órganos ministeriales y miembros de los distintos colectivos de la sociedad civil (cámaras de comercio, empresas transnacionales, ONGs, etc.).

Por lo que se refiere al impacto económico de la transferencia de los resultados, pueden destacarse dos planos, en el ámbito privado y en el público:

• Primero, la divulgación de los resultados del proyecto entre las empresas transnacionales españolas, les facilitará adecuar sus políticas de responsabilidad social empresarial a las mejores prácticas existentes a nivel internacional, contribuyendo a: a) que mejoren las condiciones económicas y el desarrollo sostenible en los Estados donde operan; b) que en su actuación en terceros países se respeten los derechos humanos y el medio ambiente con una perspectiva de género; y c) que se reduzca considerablemente el riesgo de que tales empresas incurran en prácticas que puedan generar su responsabilidad por violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente.
• Y, segundo, los poderes públicos de España, podrán servirse de los resultados del proyecto para: a) mejorar la implementación de sus políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos con relación a empresas españolas o empresas extranjeras que operen en España; b) sustentar con más rigor jurídico las medidas normativas adoptadas en defensa del interés público con relación a empresas transnacionales que operan en España (evitando el impacto económico adverso de los eventuales arbitrajes de inversión que estas puedan iniciar para impugnarlas); y c) optimizar las políticas de apoyo económico a las empresas transnacionales españolas (propiciando indirectamente que estas asuman las mejores prácticas en sus políticas de responsabilidad social corporativa para poder acceder a determinados contratos públicos o quedar cubiertas por seguros de riesgo comercial).

En definitiva, los resultados del proyecto servirán para propiciar la adopción y efectiva aplicación de buenas prácticas en materia de responsabilidad social empresarial y, por lo tanto, supondrán una mejora de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de las empresas transnacionales y de los habitantes de los lugares donde estas operan.