Para proyectos dentro de EUROCORES y según el apartado 1 del artículo 6 de la Orden de Bases Reguladora podrán ser beneficiarios:

Centros tecnológicos de ámbito estatal, centros universitarios privados de investigación y desarrollo otros Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación a los que se les aplique la Ley 13/1986 y disposiciones similares de las comunidades autónomas, las universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, otros centros públicos de investigación y desarrollo, entre los que se encuentran los organismos públicos con capacidad para realizar I+D, no regulados en la Ley 13/1986 de 14 de abril o en disposiciones similares de las comunidades autónomas incluidos los centros de I+D con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración del Estado y los dependientes o vinculados de las Administraciones públicas territoriales y sus organismos cualquiera que sea su forma jurídica (fundaciones, hospitales públicos, consorcios, etc.),otras entidades privadas sin ánimo de lucro como fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas que realicen habitualmente actividades relacionadas con el fomento, la gestión y la intermediación en el campo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación y otras entidades de Derecho público previstas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no mencionadas anteriormente.
Para proyectos en el marco de JTI:

Personas jurídicas entendiendo por tales, las entidades cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica y que estén válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud de ayuda en particular sociedades mercantiles privadas, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y empresarios individuales.
Entidades privadas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostrada en proyectos de I+D de incidencia en la competitividad empresarial.
Otras entidades públicas, o entidades privadas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que realicen actividades demostradas en el campo de la promoción de I+D+I.
En el caso de los centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud que gestionan sus actividades de investigación mediante una fundación, podrán solicitar las ayudas a través de la misma.