Actualmente los procesos penales más relevantes, en los que se persiguen los delitos más graves, cuentan casi siempre con elementos transfronterizos. Estos se manifiestan durante su investigación, en la adopción de medidas cautelares, en el enjuiciamiento, en la obtención y valoración de pruebas e, incluso, en la ejecución de las penas que pudieran imponerse. La influencia de la normativa europea de armonización procesal y penal material sobre nuestro propio sistema es siempre creciente y España tiene el deber de estar a la altura de los Estados europeos más avanzados en materia de garantías esenciales del enjuiciamiento penal.

El Proyecto “Proceso Penal y Unión Europea: Análisis y Propuestas” se centra en el análisis crítico y exhaustivo del marco normativo actual y proyectado a nivel europeo sobre esta cuestión y su correcta implementación en nuestro ordenamiento jurídico, con el objetivo de identificar los posibles problemas y dificultades apreciados en su aplicación desde las perspectivas teórica y práctica, doble visión que se puede acometer al estar integrado el equipo por experimentados académicos y prácticos de reconocido prestigio (magistrados, fiscales, y abogados). Más allá de avanzar en el conocimiento, el fin último de este proyecto es realizar propuestas de mejora y ofrecer soluciones para los problemas advertidos que incidan en el buen funcionamiento de la administración de justicia, garantizando al mismo tiempo un mayor nivel de protección y seguridad para los justiciables.

Los objetivos de carácter general de este proyecto son los siguientes:

1. Analizar los efectos que tiene la normativa aprobada por las instituciones de la Unión Europea, así como la jurisprudencia de los tribunales europeos, sobre los procesos penales nacionales y especialmente sobre el español, e interpretarla.
2. Valorar la aplicación efectiva, por las autoridades judiciales competentes, de los principales instrumentos de cooperación judicial transfronteriza, basados en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, y formular propuestas de mejora.
3. Profundizar en el estudio de las principales utilidades de instrumentos orgánicos en el contexto del “espacio de libertad, seguridad y justicia” de la Unión Europea (Red Judicial Europea, Eurojust, Fiscalía Europea…).
4. Analizar las principales novedades y líneas estructurales del Anteproyecto de Reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado en noviembre de 2020.

Durante las diferentes fases de esta investigación, se alcanzarán resultados relevantes desde el punto de vista científico-técnico y transferibles a la sociedad en los ámbitos más novedosos, tales como el uso de la Inteligencia Artificial en el proceso penal, la puesta en funcionamiento de la novísima Fiscalía Europea y su implementación a nivel nacional, o los problemas más actuales en la aplicación de instrumentos de reconocimiento mutuo, como la Orden Europea de Detención y Entrega y la Orden Europea de Investigación.

Concretamente, en relación con estos tres objetivos, que son algunos de los desarrollados en esta primera fase, podemos destacar los siguientes resultados preliminares:

Respecto al uso de sistemas de Inteligencia Artificial en el proceso penal, éstos pueden ofrecer una ayuda muy valiosa a la investigación y enjuiciamiento de hechos delictivos especialmente complejos. Dentro de este ámbito, destacan el uso de sistemas de identificación biométrica remota, la predicción del riesgo de reiteración delictiva, la persecución eficaz del cibercrimen o el adecuado tratamiento de datos personales. Una de las acciones ya realizadas en el marco del proyecto es el análisis de la propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo para establecer reglas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial, de abril de 2021. Éstas se han materializado en publicaciones y ponencias en diferentes foros nacionales e internacionales. En ellas se analiza, en particular, de qué manera estos sistemas pueden emplearse como apoyo a la función policial y jurisdiccional, destacando las que han de ser sus principales garantías y requisitos de uso, para que no se vean afectados derechos fundamentales de los ciudadanos, valorando cómo afectará tal normativa europea a la legislación procesal penal española.

En relación con la Fiscalía Europea, el 1 de junio de 2021 comenzó a funcionar este nuevo órgano independiente de la Unión, creado para investigar los delitos que puedan perjudicar a los intereses financieros de la UE, tales como la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude transfronterizo grave en materia de IVA. En estos primeros meses ha recibido ya más de 2.500 denuncias —muchas de particulares— y ha iniciado más de 500 investigaciones en prácticamente los 22 países que actualmente participan en ella. El encaje de este nuevo órgano y su estructura descentralizada, con una oficina central en Luxemburgo y fiscales europeos delegados nombrados en cada Estado miembro, está suponiendo un reto para los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, particularmente en el caso español. En este sentido, se han llevado a cabo las primeras acciones de estudio y difusión realizadas por miembros del equipo del proyecto. Entre ellas, destaca el Seminario EULAW sobre la Fiscalía Europea organizado por la Abogacía Española, con el apoyo del programa de Justicia de la Unión Europea; o la colaboración como ponentes en encuentros internacionales de algunos de nuestros investigadores en el curso Jean Monnet “The EPPO and EU Law: a step forward in integration” organizado por la Universidad de Milán.

En cuanto a la Orden Europea de Detención y Entrega, instrumento de reconocimiento mutuo cuyo objetivo es la detención de una persona en un Estado miembro y su entrega a otro Estado miembro para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena privativa de libertad, en los últimos años se han detectado nuevos problemas que afectan especialmente a su aplicación y ejecución. Éstos se han manifestado tanto a nivel europeo como nacional, abriendo un intenso debate doctrinal, legislativo e incluso social sobre la necesidad de emprender una eventual reforma del instrumento. Sobre esta cuestión de actualidad, nuestros investigadores han participado en numerosos foros de investigación y también de divulgación, tales como el ciclo de Seminarios “¿Qué Europa queremos?” organizado por el Instituto de Derecho Parlamentario.

Así pues, la producción científico-técnica y la transferencia a la sociedad del conocimiento generado en este proyecto ya han empezado a materializarse durante sus primeros meses de vida, por lo que se van cumpliendo los objetivos inicialmente propuestos a fin de contribuir así a una mejora del sistema de justicia penal español que redunde en un beneficio para la ciudadanía.