Podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades, recogidas en el artículo 3.1.b) de las bases reguladoras, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que estén válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o un establecimiento permanente en España, y que estén necesariamente incluidas en la siguiente relación:
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b) Las universidades públicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, que estén inscritas en el Registro creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
c) Otros centros públicos de I+D+i con personalidad jurídica propia, que en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social, tengan la I+D+i como actividad principal.
Se excluye de la categoría c) anterior a las entidades en red. Se entiende por entidad en red aquella compuesta por diferentes nodos, unidades o grupos de investigación pertenecientes a varias instituciones, y que se ubican en diferentes localizaciones excediendo el límite de la provincia, que se coordinan y cooperan en torno a un objetivo común, con una organización descentralizada y no jerarquizada.
Quedan asimismo excluidas las entidades a que se refieren los puntos 3.º, 4.º y del 6.º al 12.º del artículo 3.1.b) de las bases reguladoras, así como aquellas que se encargan de la gestión de las entidades incluidas en dichos puntos. Las entidades deberán cumplir la definición y condiciones para ser organismo de investigación y difusión de conocimientos o infraestructura de investigación, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del anexo I de las bases reguladoras.
Las entidades beneficiarias, con independencia de su naturaleza jurídica, deberán formar parte del sector público institucional y estar inscritas en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.