Madrid, 09 de diciembre. La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha financiado 85 ayudas desde 2018 para actividades de I+D+i en materia de derechos humanos, que incluyen proyectos de investigación en universidades y centros españoles de investigación, con una inversión global de 9.216.547,45 euros.

Estos datos se señalan coincidiendo con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y con el cierre de la campaña “16 días de activismo contra la Violencia de Género”, impulsada por ONU Mujeres y desarrollada cada año entre el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) y el 10 de diciembre. En 2025, la campaña ha puesto el foco en la urgencia de poner fin a la violencia digital contra mujeres y niñas, una amenaza creciente que abarca el ciberacoso, el uso indebido de imágenes, la suplantación, el control digital y la desinformación misógina.

José María Sauca Cano, miembro del panel de evaluación de proyectos de Derecho (DER) y catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, señala que la investigación en derechos humanos ha transitado, bajo la influencia del desarrollo constitucional, de un enfoque general centrado en los sistemas de protección y las instituciones emergentes (como el Defensor del Pueblo o las primeras políticas públicas en la materia), hacia una creciente especificación temática, “el campo se ha diversificado para abordar derechos de colectivos concretos como los de las mujeres, menores, personas mayores, inmigrantes, etc y, más recientemente, nuevos derechos derivados de retos contemporáneos como las crisis económicas, la emergencia climática o la cuarta revolución tecnológica”, explica. Según Sauca Cano “los derechos humanos siguen siendo la respuesta jurídica y social a las transformaciones que afectan a la sociedad en aspectos como dignidad y a la libertad de las personas, por lo que su evolución es continua”.

En este sentido, indica que alrededor de un tercio de los proyectos evaluados en las últimas convocatorias “tenían alguna relación con la cuarta revolución, algunos con vinculación directa a los derechos humanos, otros más delitos informáticos y cuestiones regulatorias y organizativas en las instituciones”.

Respecto al papel de la ciencia en relación con los derechos humanos, el evaluador destaca que la financiación pública es esencial porque estructura los equipos de investigación, define prioridades, consolida metodologías de calidad y permite articular colaboraciones entre universidad, administraciones y sociedad civil. En particular, en un ámbito como los derechos humanos con pocas patentes, el sostenimiento de líneas de financiación de este tipo resulta clave. Además, subraya que los proyectos financiados están fortaleciendo la transferencia social y favoreciendo una mayor internacionalización. Todo ello, afirma, envía un mensaje claro: “incluso con recursos limitados, el compromiso institucional con los derechos humanos es fundamental para vertebrar el ecosistema investigador y generar respuestas sólidas frente a los desafíos actuales”.

Algunos proyectos relevantes

Entre las iniciativas financiadas se incluyen proyectos que abordan de manera directa los mecanismos que sostienen la violencia digital, el discurso de odio, la discriminación estructural y los sesgos tecnológicos.

1. Los derechos humanos bajo amenaza.

La Universidad de Valencia analiza, a través de un proyecto, cómo las distintas formas de racismo (institucional, social y cultural) se retroalimentan y generan entornos hostiles en los que proliferan discursos de odio, muchos de ellos amplificados en redes sociales mediante prácticas digitales discriminatorias. Su investigación compara los marcos legislativos de España con los de Italia, Francia, Dinamarca y Finlandia, con el objetivo de identificar buenas prácticas y políticas públicas efectivas para combatir estas amenazas.

2. Construcción de nuevos derechos emergentes.

Un proyecto de la Universidad Carlos III de Madrid analiza cómo deben fundamentarse y conceptualizarse los derechos emergentes en sociedades en transformación. Las sociedades democráticas afrontan el reto de reforzar las garantías de los derechos en un contexto político, social y económico cambiante. Las nuevas realidades del siglo XXI exigen actualizar tanto los instrumentos de protección como los fundamentos jurídicos de los derechos. Este proyecto analiza la necesidad de conceptualizar nuevos derechos y nuevas dimensiones de los clásicos para responder a demandas emergentes. Su investigación combina una línea teórica y otra aplicada para fundamentar y proyectar estos derechos en leyes e instituciones. Además, promueve el diálogo académico y político para asegurar su adecuada incorporación a la agenda pública. Este proyecto tiene continuidad con otro que analiza desde el punto de vista legislativo o jurisprudencial lo que se está avanzando en la creación de nuevos derechos, conceptualización o revisión de los existentes, aun cuando no hay cambios constitucionales.

3. Retos jurídicos del ciberespacio.

La Universidad de Murcia estudia los desafíos del Derecho Internacional frente a los ciberataques, las actividades ilícitas en la red y su impacto en los derechos humanos con un proyecto que analiza casos prácticos y propone mecanismos normativos y alternativas para construir un marco internacional capaz de responder a amenazas como la vigilancia ilícita, la intrusión digital o los ataques que afectan de forma específica a colectivos vulnerables, pero respetando siempre los derechos y valores de la Unión Europea.

4. Administración electrónica y derecho a la autodeterminación informativa.

Un proyecto de la Universidad del País Vasco se centra en el impacto de la digitalización administrativa en los derechos de la ciudadanía, con especial atención al derecho a la protección de datos y a la privacidad, fundamentales para combatir la violencia digital basada en el acceso o difusión indebida de información personal.

5. CEDAW 40 años después.

Una investigación de la Universidad Complutense de Madrid revisa el estado global de los derechos de las mujeres a la luz de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y su sistema de supervisión. Su trabajo permite evaluar el cumplimiento de los compromisos internacionales y proporciona recomendaciones para fortalecer la seguridad y autonomía de mujeres y niñas en todos los ámbitos.

6. IA imparcial y confiable.

Otro proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid, desarrolla herramientas para identificar y reducir sesgos en sistemas de inteligencia artificial que pueden amplificar estereotipos de género, raza u otros atributos. El proyecto aborda estos riesgos alineándose con los principios internacionales de ética y derechos humanos, especialmente en la lucha contra la discriminación. Con ello analiza los sesgos y desarrolla herramientas y métodos de IA imparcial orientados a mitigarlos. El objetivo es aplicar estos avances a ámbitos clave como la educación digital, la salud, los recursos humanos y el análisis de contenidos.

7. Procesamiento facial ético y no discriminatorio

En la Universidad Politécnica de Madrid, un proyecto busca crear modelos faciales que respeten la intimidad, eliminen sesgos y sean técnica y socialmente robustos. Para ello combina datos reales y sintéticos y desarrolla nuevas técnicas de representación facial que integran atributos y relaciones geométricas de manera ética. Sus avances contribuirán a tecnologías más seguras y equitativas, en línea con la normativa europea y con retos como la brecha digital y la desigualdad de género. La explotación masiva de datos de internet ha impulsado modelos avanzados de IA, pero también plantea riesgos para los derechos ciudadanos, desde el uso no consentido de información hasta sesgos que pueden derivar en aplicaciones ilícitas. En el ámbito del reconocimiento facial estos problemas son especialmente graves, lo que ha llevado incluso a retirar grandes bases de datos públicas.

8. Tecnologías del lenguaje para detectar odio

Una investigación de la Universidad de Murcia aplica modelos avanzados de procesamiento del lenguaje natural para identificar misoginia, homofobia, xenofobia, ciberacoso y otras formas de discurso de odio en redes sociales. El proyecto también estudia la difusión de mensajes de apoyo y esperanza, clave para contrarrestar dinámicas tóxicas en entornos digitales.

9. Interpretación jurídica en clave de igualdad de género

El punto de partida de uno de los proyectos de la Universidad de Córdoba es un análisis crítico de cómo la legislación y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, han avanzado en la garantía de los derechos de las mujeres, pero como, a pesar de estos progresos, persiste la necesidad de examinar cómo se sigue generando el derecho y cómo ello incide en la desigualdad de género. Esto afecta a la efectividad real de los derechos y prolonga problemas sociales graves, incluida la violencia de género. El proyecto propone innovaciones en el ámbito jurídico y estrategias dirigidas a diversos actores para construir sociedades más inclusivas, en línea con las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del marco Horizonte 2020.

Con estos ejemplos, la AEI subraya cómo la investigación financiada en estos años contribuye a generar nuevo conocimiento, herramientas tecnológicas, marcos jurídicos y análisis sociales necesarios para afrontar los retos que plantean tanto las formas tradicionales como las nuevas manifestaciones de violencia y discriminación.